El conflicto organizado, consumo problemático
Y soluciones sanitarias en sustitución a la beligerancia
Dolorosamente, las Américas siguen atravesadas por un conflicto que, en lugar de resolver, se pretende disolver. Desde que los Estados partes en el pasado reciente, apostaron a una del crimen declaración de guerra contra el narcotráfico (caso Colombia, Estados Unidos, Bolivia, entre otros) hasta el presente que se declara la lucha contra el crimen organizado, no se ha visualizado una disminución significativa en el consumo de estupefacientes y si, en cambio se han cometido y se cometen, diversas violaciones al Derecho Internacional y el Derecho interno de los Estados. El enfoque beligerante al consumo problemático, no ha disminuido la demanda, entre otras razones porque la represión por sí misma no significa que el sujeto atrapado en el conflicto, por el solo hecho de padecer el estigma de la censura estatal, va a dejar de demandar el objeto de su deseo. Cambiar el enfoque de la mirada sobre este grave flagelo, es el imperativo de la hora. Se necesita urgentemente que cada Estado haga una genuina inversión en salud mental y consumo problemático. El tema no puede quedar en una mera retórica y la persecución a las bandas organizadas en la producción y distribución de estupefacientes se van a poder desarticular si la inversión se hace sobre las causas del consumo, investigación seria que deberá realizarse sobre el territorio, del mismo modo que el trabajo de recuperar a personas con consumo de larga data, debe ser asistido en trabajo interdisciplinario y reconocer que su consumo de drogas “duras” puede ser sustituido (bajo estricto control médico) por fármacos acorde al caso. Tomar las riendas del conflicto, significa apostar a un enfoque sanitario, en tanto se debe destinar recursos robustos para investigar quienes financian la producción y distribución de los estupefacientes, como así mismo el lavado de dinero y a los funcionarios de fuerzas de seguridad y de la política involucrados en el crimen organizado. Los discursos altisonantes y el uso de la fuerza desproporcionada, no ha dado otro resultado que mellar el Estado de derecho sin que ceda el consumo. Si no se procede a una inversión genuina en salud mental e investigación judicial, nada va a mejorar. El Observatorio Internacional de Prisiones en Argentina, deplora que el actual gobierno desinvierta en salud mental, mientras endurece las condiciones de reclusión que no hace al punto crucial del asunto: la demanda de estupefacientes.